La situación político-jurídico-económica entorno del Cooperativismo

• Roberto Fermín Bertossi • Instituciones y Figuras cooperativas • El papel del Cooperativismo en el desarrollo regional • La situación político-jurídico-económica entorno del Cooperativismo • El Cooperativismo y el sector educativo • Las Cooperativas. Una mirada argentino-europea •

por Roberto Fermín Bertossi

Reflexiones y aportes para el sostenimiento del Estado de Derecho

La fragilidad de todas nuestras instituciones la podemos encontrar, en cierta sensación de anomia, en cierta impresión de  desdibujamiento del Estado de Derecho, en la ausencia de participación y compromiso de la ciudadanía.

Y  si a esto lo analizamos en el contexto de crisis constantes actuales, se deberán añadir los efectos perversos del shock de desconfianza colectiva que las mismas implican, particularmente cuando garantías constitucionales individuales y colectivas están sujetas en realidad a un Poder Ejecutivo que por su ‘permeabilidad’ resultan sometidas a toda clase de presiones,  tanto de organismos internacionales de crédito como de posiciones dominantes del campo económico.

Así,  la soberanía es la medida de la fortaleza de  un Estado de Derecho y la “ciudadanía” dependerá del grado de calidad institucional.

No obstante, el estado natural del hombre no es de eterna desconfianza sino que por el contrario precisa confiar en sus instituciones, en sus organizaciones, en sus dirigentes porque además, esto es esencial para lograr la mejor convivencia posible y por eso mismo, los argentinos debemos rescatar a nuestra Constitución Nacional de cualquier impotencia, desconfianza o circunstancial ineficacia para poder revertir la crisis actual de la República, de muchas de sus provincias y recuperar la normalidad y eficiencia de la convivencia democrática.

Con relación a la desconfianza, esta es consecuencia habitual de alguna defraudación, de algún desencanto y lo grave del caso es que provoca una extrapolación automática de la credulidad a la incredulidad, siendo después, muy difícil de recuperar la primera.

Es que, legítimos derechos y aspiraciones, demandas e intereses de la gente, del contribuyente, del ahorrista, del productor, del  usuario o el consumidor, han sido puestos en emergencia por un agobiante conjunto inconstitucional de leyes, decretos, resoluciones y circulares que ya alcanzaron características de turbulencia, ‘logrando’ súbitamente que genuinos derechos y garantías de los argentinos devengan en abstractas  y no encuentren  ‘garante constitucional’ para evitar tamaños desatinos.

Ante este estado de cosas, no puede escapársenos que un gobierno sin legitimidad pueda prescindir de la legalidad, desairar derechos adquiridos (Art.29 y cc. C.N.) y expulsarnos inconsulta e inopinadamente de la convertibilidad provocando un daño histórico, innecesario e impune que será difícil de superar e imposible de resarcir.

De tal manera, la debilidad institucional es mayúscula y el desamparo ciudadano, absoluto.

Ahora bien, si la ausencia de participación y  compromiso pueden ser respuestas posibles o la explicación de la debilidad y crisis institucional, la crisis cultural, la dispersión y relajamiento de valores, la confusión de nuestra identidad nacional y el descontrol publico (arts. 75, 85, 86 y cc. C.N.) están al pie de semejantes respuestas.

La educación en particular y la comunidad educativa en general, deberán recuperar y aglutinar  valores (honestidad, esfuerzo personal, idoneidad, confianza, compromiso solidario, lealtad, coraje cívico para una democracia real) para cerrar espacios a la corrupción o flagelos semejantes.

Un párrafo especial lo constituyen costosos, burocráticos e ineficientes aparatos y estructuras políticas que con diversos grados de corrupción y nepotismos, neutralizan cualquier intento de participación ciudadana, burlándose de principios y valores.

Sin duda, somos cautivos de estos aparatos que monopolizan ‘nuestros representantes’,  y es patético cotejar así,  la realidad argentina democrática  con  el art. 38 de nuestra Constitución Nacional.

La política como vemos, sólo  está llamada a preparar el terreno, a disponer los hombres y las cosas de modo que la Constitución  se ejecute sin tropiezos y resistencias que pudieran escollarla.

Su ausencia, su bastardeo explican la escasez de legitimidad,  la no-participación y la participación estéril, el notable crecimiento de la autexclusión ciudadana, la apatía, lo  que en su conjunto puede ser el mejor caldo de cultivo para la anarquía.

Así,  los argentinos tenemos la convicción de la ausencia de poder ante las instancias dirigenciales: sociales, políticas, económicas, sindicales, financieras; los argentinos sentimos que nuestra propia conducta, por diligente que fuere, no puede determinar los resultados que desea, es decir no podemos controlar ni gozar de nuestros derechos y garantías.

Esto mismo significa que la cosa publica esta fuera de control. Las tropelías y latrocinios –internas y externas- a que fue sometida,  lo confirman.

Es preciso entonces y de un gran favor para la República, encontrar un camino nuevo dentro de nuestra Constitución, dentro de un Contrato social sin condicionamientos externos, un camino de justicia, seguridad e independencia que refleje, represente y defienda objetivos sociales, derechos, necesidades, aspiraciones e intereses legítimos del ciudadano, del vecino, del contribuyente, del ahorrista, del productor, del usuario y del consumidor, vigorizando nuestro Estado de Derecho.

A modo conclusivo, educar, aprender, reclamar, participar, con igualdad de trato y oportunidades, despejarán este camino para recuperar y reanimar la fortaleza de nuestras instituciones tanto como la calidad y el compromiso de sus actores, para que la Convivencia Argentina se transforme definitivamente en una concreta Comunidad Nacional, vigorosa, vívida, participada y confiable.

¿Un nuevo Contrato Social?

El cuerpo social refleja que no siempre los contratos sociales, no siempre el Estado, han sido públicos, eficientes y equitativos, como sería de esperar atento las disposiciones de la Ley 24.752, pero, mucho más que eso, por los derechos y garantías asegurados en la Constitución Nacional y en las provinciales.

Es cierto, tenemos democracia, tenemos derechos: a la libertad, a trabajar y ejercer toda industria licita, a navegar y comerciar, a peticionar a las autoridades, a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; a publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa, a usar y disponer de la propiedad, a asociarse con fines útiles, a enseñar y aprender, a un ambiente sano, a la calidad y eficiencia de los servicios, a no ser discriminados, al desarrollo humano... (Art. 14, 41, 42, 43, 75 y cc. C.N.), pero, después de veinte años de una democracia adolescente, advertimos que muchos argentinos en demasiadas necesidades, a esos derechos no pueden ejercerlos efectivamente, es decir, queda pendiente entre nosotros el reclamo del Nóbel A. SEN “transformar los derechos en capacidades”.

Claramente los índices y datos de desnutrición, analfabetismo, desocupación, los habitantes de la calle, la pobreza, la indigencia, la virulencia de la  violencia, la anomia y la anarquía confirman, en un conjunto difuso, la ineficacia e interferencia políticas, la ineficiencia empresaria y el creciente deterioro del medio ambiente.

Claramente también, para contribuyentes y para quiénes aún no lo son, es imprescindible e impostergable un nuevo contrato social, pero no uno de aquellos de aquellas reformas constitucionales para una burda reelección, para  imprimir o redefinir el espíritu e ideología de una época que siempre responde a un grupo de interés sino que es tiempo de operativizar nuestra  Carta Magna, para todos los todos del todo social, que nos asegure medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.

Asimismo, deberemos entre todos, restaurar un régimen de seguridad social general, pero, particularmente, especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde su concepción y hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre, durante el embarazo y el tiempo de lactancia.

Es urgente también,  reconocer concretamente, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, espontáneos, naturales y desinteresados guardianes de parques, faunas y medio ambiente.

No lo es menos, asegurar lo conducente a la prosperidad del país, al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria conectados con nuestra realidad, promoviendo efectivamente la industria nacional.

El desafió de lograr el desarrollo humano integral sin exclusiones supone una economía más solidaria, más civil, más humana. A partir de allí, podremos lograr el progreso económico con justicia social, la productividad de la economía nacional y regional, la generación de empleo genuino, la formación y reconversión de los trabajadores, la investigación, el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento  equitativo.

Mas aún, el compromiso con estos esfuerzos posibilitará recuperar el valor de la familia, del trabajo, de la solidaridad, de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, que garanticen desde el pié los principios de gratuidad y equidad de la salud y educación publica estatal, la autonomía y autarquía de las universidades nacionales.

Todo esto se complementará de buen grado con leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales, sin cortapisas, sin censuras o autocensuras disfrazadas de eufemismos y tautologías reprochables.

A modo conclusivo, toda idea de un nuevo contrato social debe fundarse sobre la idea de justicia, de la tranquilidad del orden, de un Estado cuyo fin y límite, sean, finalmente, el bien común y el interés general.

Finalmente, no es necesario un nuevo contrato social en tanto se cumpla lealmente con el que nos ofrece la Constitución y con los atributos inherentes al concepto de ciudadanía,  pero, obviamente, esto último no admite abusos de poder, de autoridad, de derechos, de fueros, de posiciones dominantes, situaciones todas estas que, paradójicamente, detentan en realidad el poder real en Argentina y otros países latinoamericanos.

Financiamiento publico y gasto social.

Introducción

En Argentina y Latinoamérica hablar de financiamiento publico y de gasto social es hablar de una verdadera encrucijada, la misma que enfrenta la gobernabilidad y posiciones ideológicas eclécticas o transformadoras, la misma que debe decidir la reconstrucción nacional, la recuperación e impulso de las economías regionales y la reintegración social.

En Argentina, Nación, Provincias y Municipios  enfrentaron los candados de una mágica convertibilidad de la moneda –sueño que concluyó traumáticamente con la crisis 2001/2002- y de la convertibilidad fiscal, los servicios de la deuda externa e interna, (jubilaciones, pensiones, etc.), el descontrol de la Aduana, de la Afip, del P.A.M.I., del Ansees, los crecientes costos de la asimilación pública de la tecnología - incluidas defecciones y claudicaciones como el caso: IBM-Banco Nación-, la persistencia en no reducir el IVA y otras gabelas que cargan a los agobiados sectores productivos, la no recategorización de impuestos, tasas y tarifas en términos sociales y productivos, la parasitaria intermediación pública y privada, el absurdo salvataje y financiamiento de clubes de fútbol hiperprofesionalizados (corruptamente administrados[1][1], pasaportes falsos, alrededor de mil hombres de la fuerza pública para controlar el orden en un partido de fútbol.. deporte o violencia ?),  el financiamiento de los partidos políticos =tanto por voto y voto obligatorio= (financiamiento (art. 38 C.N.)que debería quedar en adelante  a cargo de porcentajes establecidos de los haberes, sueldos, dietas, y toda la gama de emolumentos, de todos los funcionarios de todos los poderes -excepto el judicial-, pudiéndose consultar al respecto  el catálogo de composición del haber y las escandalosas erogaciones de bolsillo de unos pocos años atras de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires o la de Formosa, por citar sólo uno o dos ejemplos posibles, muchos de los cuales persisten no obstante, v.g.:  la cláusula 17 del Acuerdo suscripto en su momento por la Administración De la Rua con los gobernadores para reducir el costo y la burocracia de nuestras legislaturas en todos los niveles de Estado: nacional, provincial y municipal; candidatos que, apenas electos, ya son candidatos a cargos superiores y así pues, con esta enumeración apabullante pero no taxativa,  las variables de ajustes fueron el salario y precisamente el gasto (y la inversión)  publico, piezas claves de los llamados 'ajustes  & productividad'  de la estrategia de estabilización.

De tal manera, las expectativas de gasto público e inversión social han quedado reducidas a extremos de insuficiencia y virtual inviabilidad para atender los propios e imperativos compromisos constitucionales,  (art. 14 bis y cc. C.N.).

Así las cosas,  la recurrente falta de innovación, creatividad  e idoneidad de la clase dirigente, su altísimo costo y burocratización, la falta de alternancias democráticas, podía explicar, predecir y prometer sólo más ajustes, más blindajes, más mega canjes, mayor dependencia,  menor soberanía e independencia, menor seguridad y cohesión social.

También es cierto, se pueden enumerar y debemos hacerlo, un serial de causas negativas refractarias en el Gasto Publico Social como fallas, errores y costos administrativos desmesurados y sobredimensionados del Sistema de la Seguridad Social, (P.A.M.I.);  privilegios de todo tipo y clase, la disminución de los aportes patronales por la Reforma del Estado, por la modernización, por las privatizaciones y   v.g.: la deuda privada por el canon de la gestión privada  del transporte público aéreo nacional, del correo, y en este último caso reprivatizando la caja compensadora del personal, caja que en la privatización se estatizó como anteriormente la deuda privada, etc.; el desempleo, el subempleo, el trabajo en negro, la informalidad,  la evasión  y además, el incremento y la sofisticación del gasto en equipos, prácticas y medicamentos que reclama el servicio publico de salud actual y la sola investidura de ciudadano.

 Por su parte, la desregulación propició también que empleados con sueldos altos se pasaran a obras sociales privadas o que tienen convenio con 'pre-pagas' desfinanciando de esta manera a las Obras sociales de origen, las que se quedaron con los empleados de bajos salarios, los enfermos y los jubilados, obras sociales que junto a mutuales sin fines de lucro, -ambas colapsadas por acción u omisión de sus directivos y descontroles privados y  públicos- deberán competir con prepagas ante el riesgo de que, nuevamente el Estado mire otra vez para otro lado, de que no regule la desregulación, lo que entonces traerá consigo resultados indeseables, como los que promete 'el intento' de pretender la utópica convivencia de la solidaridad y el lucro,  utópica por la incompatibilidad, contraposición y contradicción de estas dos expresiones humanas, un contrafáctico, una contrafinalidad pensaría Jon Elster.

Este 'corsé' se ve aún más presionado cuando la Nación, provincias y municipios en lugar de generar recursos, posibilidades y desarrollo para resolver satisfactoriamente necesidades, intereses y aspiraciones de los ciudadanos argentinos,  están por el contrario ocupados en las nuevas funciones de 'bomberos', apagando incendios, incendios que la misma clase dirigente propició, con el clientelismo de los planes jefes y jefas de hogar,  con el cortoplacismo y la postergación irresponsable de las respuestas estructurales, clase más ocupada en conservar y aumentar sus posiciones y las de sus familiares y amigos,  aumentando para ello, sin limites ni pudores, privilegios y prebendas que, claro está, paga la ciudadanía.

 Lo cierto es que no hay políticas activas sociales preventivas y la gente, el ciudadano se muere día a día, todos los días mueren argentinos por esto,  pero,  sólo aparecerán el Estado y los medios de comunicación,  cuando se produzca un corte de ruta o se manifieste el hasta ahora 'eficientícimo' accionar  de piqueteros' o suceso parecido, vale decir, a estar por los acontecimientos, sólo es atendida la violencia que tiene que ver con la recurrencia del corto plazo fruto de la desatención normal, habitual y constitucional de los derechos de la ciudadanía.

Cierto es también que, en nuestro país como en la mayoría de los de Latinoamérica,  la fiesta continuó, la campaña política es ya en estos países,  una suerte de continuum'  impertinente.

Vale decir, el reverso de la moneda de la pobreza, de la miseria, de la exclusión, de la desocupación,  es el escandallo, los malos ejemplos, la falta de sobriedad de muchos de nuestros dirigentes (de sus esposas, de sus hermanos, de sus hijos, sus cuñados, etc.), que no viven como nosotros, que no tienen la casa, ni el auto, ni el servicio doméstico, ni la educación de sus hijos ni nada parecido a las condiciones de vida de un ciudadano argentino común. 

Esto se agrava y mucho cuando además no visualizamos un proyecto nacional, un plan social concretos, cuando vemos el fracaso renovado en los ajustes que se aplican en nombre de la reanimación de la economía y contra la recesión,  la exclusión, la desocupación, la desigualdad y la pobreza,  cuando observamos que no hay propuestas concretas para resolver concretamente cuestiones concretas; no hay voluntad política, hay demasiados compromisos con amigos, parientes y con los 'que trabajaron en la campaña política o los equipos técnicos', lo que por cierto nos permite cuanto menos, dudar respecto a la idoneidad máxima indispensable y generalmente ausente en funcionarios,  funcionarios por otra parte que deberían trabajar  'a resultado' y sujetos a “juicios de residencia”. Es como decir, están los mejores pero esto, en realidad, sin contrastación ninguna con la comunidad científica y la de los expertos, lo que autoriza en tal caso,  serios interrogantes  sobre la propia razón de ser de estas últimas.

De ahí que 'la gente común'  no entienda cómo es posible dictar tantos decretos de necesidad y urgencia,  todo esto mientras se sostiene simultáneamente que no es posible dictar los mismos decretos (con la correspondiente asignación presupuestaria por cierto) para verdaderas cuestiones de necesidad y urgencia que tienen que ver con el campo, con las pymes, con las autenticas cooperativas, es decir con la genuina reactivación

Esto es francamente intolerable ya que nada más urgente, justo y necesario como un reimpulso de las economías regionales y de  programas nacionales, concertados con provincias y municipios, vinculados a nutrición y educación básica reasignando partidas  y suprimiendo organismos ineficientes y burocráticos, para no seguir saliéndonos impunemente de la Ley 25152 de convertibilidad fiscal y para un presupuesto base cero.

 Asimismo, son imprescindibles impulsos decididos, políticos, contundentes para reconocer de una vez y efectivamente (más allá de los discursos 'adlater)  a las Pymes destrabando (y reduciendo tasas de interés sobre el financiamiento y crédito, Pymes (Art.23 Ley 24.467), evitando la acumulación de crédito fiscal para las micropymes, la capacitación microempresaria (vinculación Pymes-Universidad-Municipios) (Art. 23 Ley Pymes), el comprepymes, exporpymes;  impulsos concretos para consolidar el sector agropecuario, turístico y de sustitución de importaciones, con medidas apropiadas; impulsos que hay que legislarlos inmediatamente,  sin más  pretextos como esos que pretenden condicionarlos a una  ley o reglamentación respectiva, que nunca se dan,  pretextos o condicionamientos que no existen para el patrón, para el banquero, para el especulador, sólo  para el trabajador, el jubilado, pensionado o el peón rural, el docente y el enfermero, etc..

 Estas medidas son impostergables tanto como cambiar y sensibilizar humanamente el enfoque de los organismos financieros internacionales públicos y privados, los que por ahora se inquietan  mucho por asegurar el pago oportuno de las deudas nacionales y sus intereses antes que  tratar de erradicar la pobreza y fortalecer el aspecto humano del desarrollo,  actitudes  explicativas de que el banco Mundial o el FMI o la OMC ya no encuentren lugar pacífico de reunión en el planeta, por las multitudinarias protestas sociales y reclamos crecientes antiglobalizantes.

Además, se debe señalar que se trata de deudas que, en grado importante, son imputables a dictaduras irrepresentativas, deudas de las que tampoco sabemos que se hizo con lo que las originó, cómo se originaron lo que de por sí merece una rendición de cuentas instruida y documentada, aun pendiente.

Mientras tanto,  los gobiernos democráticos, ocupados en el desarrollo humano,  legitimados, no tienen el acompañamiento o la complacencia externa de organismos que se mostraron más que generosos con  gobiernos totalitarios, organismos como el Banco Mundial o el FMI, costosos y burocratizados, que olvidaron su espíritu fundacional y operativo a la reconstrucción y al desarrollo sustentable de los pueblos gobernados democráticamente, precisamente lo contrario del  'bis del horror' que generó y alimentó por años la segunda guerra mundial de cuyo espanto surgieron precisamente,  BM y FMI.

En esa perspectiva la Organización Mundial de Comercio y el FMI no son inocentes ni neutros a la suerte del financiamiento público y el gasto  e inversión social.

Todo lo dicho a modo de introducción, se centrifuga en un panorama bastante complicado sobre el que debemos trabajar, proponiendo  asperjar generosa y universalmente, desde el centro oligopolio de la concentración del poder  hacia los ciudadanos periféricos, más empobrecidos y postergados;  sub o infradesarrollados. 

Desarrollo

La intumescencia legislativa esta lejos de la función nómica genuina  y esto explica y predice 'el porque no se pone a cada persona, a cada organización, a cada corporación  y a cada cosa en su lugar'  estando a lo que producen y desde lo que se espera de ellas.

Si evidenciamos voluntad e independencia política, soberanía económica y capacidad legislativa, sin vetos de la realidad ni presupuestarios ni externos, intolerables e insoportables para el ciudadano, podremos entonces 'volver a la realidad', a un nuevo despertar en la vida cotidiana a través de la integración, tanto de las realidades marginales cuanto de los crecientes sectores discrepantes, ofreciéndoles sociabilidades alternativas y posibilidades de autorrealización.

Nada tiene que ver con eso los patéticos e incesantes viajes de nuestras máximas autoridades económicas a los centros de poder financieros mundiales,  para tratar de convencer de que los números económicos cierran o van a cerrar, no advirtiéndose en cambio, conductas similares ni preocupaciones externas  semejantes por el cierre de nuestras cuentas educativas, sanitarias, ambientales y de desarrollo humano en dignidad, justicia y libertad.

Ya el socialismo y el capitalismo se han mostrado incapaces de integrar a todos en igualdad de dignidad, han dejado muchos muertos, marginados y analfabetos, derrochando ilusiones y energías irrecuperables.

A propósito, quiénes idearon este 'serio asunto serio' de la democracia, es decir, griegos  como Perícles, la  pensaron de tal modo que: "los cargos como carga y distinción”, los requisitos: “virtudes y bondades",  no menos que la sobriedad y vida ejemplar que debían practicar los repúblicos, cualidades que según Cicerón, no podían faltarles.

Entre los Incas, los hijos de los alcaldes, es decir los gobernadores locales, garantizaban con su vida, en manos del Rey Inca, la buena y transparente administración de sus progenitores.

Eso mismo demanda rápidamente una redefinición y resignificación institucional, la calidad institucional por la calidad y compromisos de sus actores en pos de una auténtica democracia, democracia que hasta ahora, lamentablemente ha sido innecesariamente cara e incompatiblemente corrupta y así entonces, necesaria y consecuentemente disfucional.

Entonces, para evitar recidivas, no debemos  ignorar ni permitir la sola democracia formal, virtual (el perro de Pavlov o el mono de Kôler..?) sino que es un compromiso de todos lograr una democracia real y concreta en la que ya no será posible, por caso,  crecimiento sin distribución y con exclusión.

El Financiamiento Público para el Gasto Social ha de encontrar en una renovada solidaridad la alternativa superadora.

Ahora bien, una solidaridad activa,  en libertad y con fraterna reciprocidad, como toda actividad humana social,  esta sujeta a la habituación.

Tan pronto como se observen fenómenos específicamente humanos, se entra en el dominio de lo social. La humanidad especifica del hombre y su socialidad están entrelazadas íntimamente. El homo sapiens es siempre y en la misma medida, homo socius!

Todo acto que se repite con frecuencia, crea una pauta que luego puede reproducirse con economía de esfuerzos y que ipso facto es aprehendida como tal para el que la ejecuta.

Este proceso antecede a toda institucionalización, la  que aparece cuando se manifiesta una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores y que implica historicidad y control social.

El mundo institucional es así, actividad humana objetivada.

Si recordamos  'el introito'  queda claro que, una vez que las instituciones han llegado a ser realidades divorciadas de su relevancia originaria en los problemas sociales concreto de los cuales surgieron, hay altas probabilidades de que se desvíen de los cursos de acción 'programados' institucionalmente.

Dicho de otro modo, es más que probable que un ciudadano se desvíe de programas fijados por otros, que de los que él mismo pudiera contribuir a establecer o le parecieran cuanto menos razonables y decorosos, justos y equitativos.

La cuestión decisiva es saber si el hombre conserva consciencia de que el mundo social, aun objetivado, fue hecho por los hombres y de que éstos, por consiguiente pueden rehacerlo.

Pareciera en todo caso que el país actual es incomprensible para el ciudadano -argentino y latinoamericano-,  que no parece una empresa humana y ha quedado como desecho inerte, inhumano y no humanizable, al menos  por la vía de los recursos intentados y con la ausencia de un Estado moderador suficiente como para garantizar la justicia y la equidad,  lo que, por su parte,  posibilitó todo tipo y clase de abusos y arbitrariedades.

De ahí que a especuladores internos y externos, les debe parecer una suerte de paraíso bananero, sin compromisos sociales, el Maracaná del lobby,  con todas las posibilidades de vaciar bancos, empresas, fugarse del país y privatizar rentables empresas públicas -previo 'desguace'- en nombre de la eficiencia y el galimatías de buenos negocios o de  'negocios son negocios''.

Algunas propuestas...

Zonas francas sociales

Cuando observamos la historia de nuestras zonas francas, la primera en 1880 y la segunda de 1906 en la Pcia. de Buenos Aires, como la de aquellas que se conformaron después, y,  ahora, este titubeante Mercosur, concluimos en que sólo fueron pensadas en términos económicos, comerciales y financieros.

Conforme a la preeminencia, universalmente aceptada y plasmada por la mayoría de las Constituciones del mundo, en lo atingente a los derechos humanos, nos parece cuanto menos un derecho recíproco la posibilidad de elevar la propuesta de 'Zonas francas sociales'.

Esta propuesta consiste en que todos los insumos, los servicios y todo lo que se relacione con políticas sociales nacionales, provinciales y municipales, todo lo que se relacione con usos y consumos básicos de primera necesidad,  sean proveídos desde un ámbito internacional, nacional, provincial e intermunicipal, exentos de controles y aranceles aduaneros así como de cualquier gravamen, tasa, tributo, arancel o contribución ni alcanzados por prohibiciones o restricciones de carácter político, económico, financiero, de patentes, ni comerciales de ninguna índole.

Esto alcanza naturalmente al financiamiento, viajes, viáticos, honorarios, alojamiento e instrumental de operarios, investigadores, científicos y/o expertos, la farmacología, la aparatología, las periódicas asimilaciones y actualizaciones tecnológicas y todo aquello que, en esa perspectiva, quede afectado a las políticas sociales y a sus servicios, para lograr mayor universalidad y desmercantilización.

 Con los reproches de los ars. 29, 36 y cc. de la C.N. el art. 29° del Decreto-Ley N° 20.321/73 puede ser considerado al respecto como antecedente.

 La experiencia religiosa.

La Res. 744/2000 de la Secretaría de Culto del Gobierno Nacional ha instrumentado el Programa de "Coordinación entre el Estado y las Organizaciones Religiosas para la ejecución de políticas sociales", y esto es así porque el Estado sabe que el Cura Jesús Moyano en la Quiaca, o el Cura Farinello en el Gran Buenos Aires o el Cura Vasco en Córdoba,  entre otros tantos Curitas entregados, en una clara opción por los pobres más pobres, hacen verdaderas maravillas con migajas de chirolas del  financiamiento publico, tornando ultraproductivo el 'ultramínimo gasto público  que son invitados a coadministrar', un  ejemplo conmovedor, para todos, particularmente para economistas, políticos o vecinos en general, para quienes no hay dinero que les alcance.

El  presidente  de los EE.UU.  BUSH (j) admitió, inmediatamente de asumir,  la eficacia y eficiencia de la estrategia religiosa para luchar contra la pobreza, las drogas y la marginalidad, reconociéndola y usándola, asignándole concretamente una enorme cantidad de  dinero,  desde una suerte de impostura conservadurismo compasivo y misericorde.

'Ingreso Ciudadano' -IC.

Esta propuesta persigue reconciliar, resociabilizar, reconstruir, reivindicar, restablecer y reparar desbaratamientos de derechos asegurados por la Constitución Nacional, pero además,  abrir un camino –reitero- a sociabilidades alternativas y a nuevos espacios de autorrealización,  como el efectivo cumplimiento de los arts. 22, 25, 28 y cc. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

De que nos sirve la Membresía Ciudadana que solamente permite acceder a derechos civiles o políticos?

En esa perspectiva, la actual objetividad de la realidad socio-económica-tecnológica y cultural argentina se presenta al ciudadano como algo extraño, ajeno y hasta agresivo a él mismo,  y éste ciudadano ya ha perdido 'el sentido del juego', 'el habitus', las prácticas y todo, como en una especie de destierro en su propia tierra.

Desde una percepción diacrónica de la sociedad actual y situándose frente a  los despojos de las dictaduras del Estado y del Mercado, advertida de la desintegración social consecuente, el IC es una  posibilidad  de acceder a sociabilidades alternativas, las que fueron 'vetadas' por dichas dictaduras y gobiernos democráticos, logrando que un ciudadano no sólo no goce al nacer de los derechos y garantías constitucionales básicas asegurados sino que ya nazca gravado e hipotecado internacionalmente y sujeto a 'capitación' en adelante.

En efecto,  Ingreso Ciudadano[2] es la asignación regular a todo ciudadano, por su sola calidad de tal,  de un ingreso social suficiente e incondicional, que no debe compensarse, que no es asistencialismo ni proteccionismo, sino por el contrario, una estrategia creativa para la lozanía de, Vg.:  estabilizar la inteligencia emocional, disparar ingenios, creatividad, espíritus emprendedores multiactivos, sensibilidades y talentos dormidos o anestesiados u ociosos, (por lo cual, IC no correspondería, a nuestro juicio, en el campo del trabajo  formal).

Tal vez, un antecedente argentino lo podría constituir el pago mínimo y universal  en concepto de pensiones y jubilaciones, cualesquiera hubieren sido los años de aportes, después del mínimo de ellos, (Leyes 18.037-18038)  tanto como la aproximación que podría suponer la prestación básica universal, una  PBU que contempla la Ley 24241 todo lo cual supone solidaridad/es.       

Esta asignación respondería a un patrón para determinar finalmente el IC universalizable,  que sujeta la valoración de las necesidades físicas básicas como del beneficio a unidades de tributación y de servicio idénticos, (salvo casos excepcionales como discapacitados, mujeres embarazadas o niños), cuidando que la implementación del beneficio generalizable no estimule a las personas a imposturas de vida, de cohabitación o de estado civil, ni defraudación fiscal de ninguna índole.

IC estaría garantizada fiscalmente, progresivamente, de grupos a más grupos empezando por las mujeres embarazadas, luego los niños, luego los discapacitados, luego los ancianos, luego ....y primero los niños (Un  Informe de UNICEF revelaba que el 43% de los niños argentinos se encuentran por debajo de la línea de la pobreza) porque la mayoría de los niños son pobres y la mayoría de los pobres son niños y porque el pobre vive todo más rápido, nace antes, sale antes a trabajar, pedir o robar, se casa antes, es padre antes, se enferma antes y se muere antes !

 Una cuestión clave será el monitoreo de los beneficios y beneficiarios para  evitar efectos no deseados, como Vg., en Inglaterra donde se debilitó la familia tradicional y 'se favoreció' la ruptura matrimonial, el ocio, y la defraudación en múltiples y diversas expresiones.

El parejo fracaso de todas las ideologías, de todos los modelos conocidos, de todos los 'ismos', de todas las medidas y políticas de ajuste que solo apuntaron al crecimiento económico pero sin distribución, sin solucionar ni aliviar el problema de la pobreza sino agravándolo, reclama la producción de profundos cambios estructurales al pie de la organización social  para el avance  social y  la promoción adecuada de los segmentos más vulnerables de la sociedad tanto como su refuerzo para brindar algún  crédito  a propuesta, que como esta, al menos es novedosa y ciertamente promete polémica en términos ideológicos.

Este Ingreso Ciudadano puede sustituir la mayoría de los ingresos de redistribución (asignaciones familiares, de vivienda, indemnizaciones por desempleo y enfermedad, etc.) e impactar positivamente en los índices de pobreza como aliviar las políticas sociales según lo dicho. Pero, sin titubeos, debe sustituir de inmediato al Plan Jefes y Jefas de Hogar.

Esta propuesta que utiliza principios de mayor universalidad y homogeneidad, advierte un escenario en donde la inteligencia y la imaginación se han convertido en la principal fuerza productiva y donde simultáneamente las energías físicas y el tiempo del trabajo han dejado de ser las medidas adecuadas y standarts para calificar finalmente el desempeño personal y el sentido de la vida.

Por el contrario, esta asignación universal e incondicional puede traducirse en la dínamo mejor para redistribuir, de la manera más amplia posible,  tanto el trabajo remunerado como las actividades no remuneradas o mal remuneradas, las que deberemos revalorizar rápidamente monetaria, social, cultural y dignamente: por caso, los recolectores de residuos, docentes, policías, enfermeros, voluntariado/s etc..

Este 'salario ciudadano' implica dejar de lado prejuicios y temores, afrontar la cuestión social desde la mejor calidad de vida posible, lejos del  'que dirán': v.g.: porqué ése o ésa  no trabaja regular y (de) uniformemente ?,   y cerca, muy cerca de disfrutar y crecer, no viendo el contexto como extraño, ajeno u hostil sino como franca y frescamente hospitalario que dispara toda la capacidad ciudadana de emprendimiento, innovación y creatividad, de solidaridad, cariño y ternura, para cada cual, para cada uno desde su talento y libertad, con la puesta en común de talentos, inocencias e ingenuidades recuperadas.

Así, nos parece del caso referir a uno de los  informes del BID que situaba a América Latina descendiendo del segundo al quinto lugar respecto del ingreso 'per capita' en el mundo, aún después de países del sudeste asiático, países de Medio Oriente y el grupo de los Países de economías de Europa del Este.

En términos del imperio de la ley y el control de la corrupción, el BID llego a situar a Latinoamérica en un nivel inferior a cualquier otro grupo de países, con excepción de algunos del África.

En esa mirada, afirmaba tal Informe, que el 2/3 de la brecha de los diez mil seiscientos dólares en los ingresos per capita, entre los países desarrollados y America Latina, se debe en gran medida,  a instituciones públicas en A.L. menos eficaces, menos predecibles y menos transparentes.

Revelaba este informe que solo un 35% de los habitantes de la región está satisfecha con la democracia y que la mayoría de los latinoamericanos creen que sus países se encuentran en una mala situación económica, que generaciones anteriores vivían mejor, que la pobreza aumentó mucho y que la distribución del ingreso es injusta.

Finalmente, el estudio recomendaba una mayor participación política de los ciudadanos en el gobierno, esfuerzos de reconstrucción y reformas que permitan a los votantes castigar a políticos indiferentes, ineficientes y corruptos.

Esto mismo, permite también, al menos,  considerar seriamente  la propuesta  de IC.

De lo dicho también podríamos insinuar algunos posibles puntos de aproximación entre IC y la denominada "tercera vía"( Anthony Giddens) ( o la humanización del capitalismo salvaje):

a)       Ambos resaltan la importancia de las actividades socialmente útiles en tanto que el mercado no las remunera o no las aprecia razonable ni decorosamente;

b)       IC y Tercera vía reposicionan por ejemplo, los trabajos comunitarios, tanto en el ámbito de la consideración social como remunerativo;

c)       Las dos propuestas, sobre todo IC, acentúan el valor de un ciudadano por  'lo que soy o puedo llegar a ser'  y no solo por 'lo que tengo o puedo llegar a tener'.

Sin duda, ambas propuestas, pero mucho más IC,  piensan en la autodeterminación, en una genuina participación, autónoma,  en un mayor consenso en la toma de decisiones,  en el habituarnos día a día a nuevas sociabilidades, nuevos emprendimientos y nuevos quehaceres, a una organización diagonal más horizontal, funcional a desmantelar la burocracia de sus internalidades y corruptelas y que se debe impregnar de transversabilidad, enfoque policentrico, democracia y cogestión la mesa chica en donde se adoptan las políticas que afectan e involucran a la ciudadanía.

En esta línea, también se piensa en rehubicar y limar jerarquías, en sostener ahora, jerarquías de acompañamiento, con los desplazamientos más convenientes, con espacios nuevos para la grupalidad espontánea de experiencias transpersonales, de círculos de calidad, de celo por el medio ambiente, por la nutrición, la salud, la educación y capacitación de nuestros niños, de nuestros ancianos y de los adultos excluidos o marginados por el modelo imperante, para que en adelante,  todos asumamos el compromiso con Gibran de: "ved que nadie se vuelva con las manos vacías" del Mercado[3][3], porque ya no hay espacio, tolerancia ni paciencia para los Pilatos del mercado ni  ablución que les justifique social y humanamente.

Asimismo, exigir la responsabilidad social de la empresa empezando por la nominatividad de sus capitales y responsabilidad ilimitada y no lo contrario cuando, como vemos, se traduce en dictadura y/o virtualismo empresarial, dictadura que ha desplazado a la familia, lo político, los valores, la ética, la equidad, las iglesias, los clubes y todo,  cooptando el funcionamiento de la organización social, lo que equivale decir, la empresa y solo ella como  emblema del modelo neoliberal exclusivo, -de sobreactuación vernácula-  planteando e imponiendo morales, éticas y costumbres 'alternativas'.

En enero de 2001, en  Davos, el Universal Foro Económico advirtió,   que la injusticia mundial y las asimetrías entre oportunidades y posibilidades han extrapolado unos pocos ricos y el resto: 'los pobres', en todo el mundo, asunto que promete una aldea global crecientemente conflictiva e incontrolable como crecientes y sofisticadas manifestaciones de violencia que  ya superan toda ficción.

La elite empresarial mundial allí reunida, admitió finalmente que,   un país conflictuado por estas injusticias y asimetrías, pierde confianza y credibilidad, pierden valor los activos de las empresas allí situadas, menor consumo ciudadano, menor rentabilidad lo que exige resignificar y comprometer socialmente a instituciones públicas y empresas privadas, ganar confianza para tener autoridad.

Otro esfuerzo especial merece la globalización de la libertad, de la equidad, de la solidaridad, de la justicia,  del ambiente sano, de la felicidad y la paz, para ir desactivando minuto a minuto, el malhumor, el individualismo, la incomunicación humana y la cháchara, las condenas sociales, culturales y familiares, abandonando la atomización que 'nos hace presa fácil' y, fundamentalmente, el inmovilismo, recuperando la autonomía plena, la capacidad de movilización y autorrealización del ciudadano y de la ciudadanía.

Esto mismo admitió el cuestionado Tony Blair al sostener  que la política tendrá que recuperar, representar y defender sentimientos y emociones de la gente, recuperar la capacidad de convocar, conmover y lograr  activas como responsables participaciones, recuperar su esencia épica y pasional en defensa de valores humanistas para que entonces, la economía y las tasas de interés dejen de  'sobreactuar' volviéndose 'rutinarias, obedientes' y funcionales a la felicidad de las personas.

Paradójicamente no es otra cosa lo que inspira y establece la declaración de la Independencia y la propia Constitución de los EE.UU. al proclamar que todos los hombres somos creados iguales, que todos somos dotados por el Creador de derechos inalienables: a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, concluyendo en que precisamente para garantizar estos derechos, es que se instituyen los gobiernos entre los hombres.

Decimos paradójicamente, porque estas citas anglosajonas, ante  cualquier hipocresía,  interna o externa, pueden quedar  reducidas  a un mero  himno a la ingenuidad o la inocencia, sobre todo cuando estos países tienen 'un prontuario global' en donde sus mejores inspiraciones han quedado desmentidas por sus hechos históricos  y su persistencia, actuando como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos, por lo cual, sólo debemos aprovechar lo bueno y posible, al menos por ahora, de lo que ésas citas dicen y no lo que estos países, hacen o provocan, en términos negativos e inconvenientes, en todo el mundo.

La libertad del ciudadano y el pleno ejercicio de sus derechos, de su ingenio, de su  creatividad, la  elevación del ocio a la virtud creativa y la solicitud del ciudadano para con sus deberes,  son la garantía de la Patria.

La clave es re-unir a los ciudadanos para el goce de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes sociales, para dominar la naturaleza, simplificar, favorecer  y recategorizar esfuerzos, ingenios y trabajos, transformando 'fracasos' en oportunidades,  conocer en qué medio vivimos y de qué manera nos podemos desempeñar mejor, en libertad y dignidad; la clave es tambien, unir sus necesidades, intereses y aspiraciones, unir su tremendo poder de compra, de uso, de consumo, de venta y no solo otorgarle poder de compra porque, éste, sólo será plausible y ponderable en directa y estrecha proporción a la clave sugerida, clave cooperativa, que puede y debe recuperar tantos y tantos solidarios coperatismos argentinos y latinoamericanos.

Esto puede suceder a través de actividades individuales y grupales, como el trabajo doméstico, las cosechas o segas rurales, la crianza de los niños, el cuidado y/o acompañamiento de ancianos o de personas solas hasta la propia calificación personal, también claro está, mediante actividades publicas y privadas en clubes, asociaciones, equipos, talleres,  cooperativas, agrupaciones, redes  receptoras e impulsoras de inquietudes artísticas, políticas, científicas, ecosóficas, deportivas, artesanales, cuidado y mantenimiento de espacios públicos, forestacion y reforestación, recuperar el patrimonio histórico, cultural, los espacios de niños con progenitores ocupados, espacios de salud y autoayuda, redes de trueque, mutuales, microemprendimientos; todos autoorganizadas, autoadministradas, libres, voluntarias pero fundamental, esencial y condicionalmente, autónomas y no solo como mera estrategias de complemento o de supervivencia al margen de toda racionalidad económica o del bienestar.

Los antecedentes de esta propuesta, no obstante focalizados y condicionados en general,  auguran buenos pronósticos, más inclusivos y que en el caso de Argentina, exigirían en una primera implementación -y sin perjuicio de determinar cuál puede ser la tasa de imposición que la economía resista y cuál el nivel de IC que se pueda pagar-,  inicialmente, decidir, políticamente, la redistribución de sólo un mínimo porcentaje del gasto público, porcentaje estimando y redistributivamente en ciudadano y su grupo familiar, para alimentación, salud y educación  en pesos doscientos cincuenta ($250.-) mensuales.

Con esa mirada,  Italia otorgó a familias que amparen a sus ancianos, una suma de poco más de u$s 100.- por cada uno de ellos, toda una paradoja, ya que la familia italiana era la gran familia, ampliada, extendida, inclusiva y ahora Italia  debe  hacer esfuerzos para emular a la familia confuciana.

Confiamos también que la ejecución de los Protocolos de Naciones Unidas (Otoño/2000) vinculados a los derechos del niño, concretamente sobre participación de menores en conflictos armados, prostitución y venta de pornografía infantil favorezcan a una visión de conjunto más profunda y ambiciosas dirigida preferencialmente a combatir factores coadyuvantes como la pobreza, las disparidades económicas, la falta de educación, las migraciones del campo a la ciudad, la discriminación, una adecuada educación sexual para una conducta responsable en esta perspectiva, objetivos que entre otros remarcan los Protocolos.

Lo que decide esta propuesta es que más allá de toda reconversión, rehabilitación, reciclaje, calificación y mayores competencias, la precariedad laboral ocupacional (y una oferta laboral que es muy superior a la demanda del sector público y privado reduciendo aun más los salarios del mercado), es insuperable, absoluta y definitivamente, en el marco de las estrategias disponibles y conocidas.

En efecto, hay como una sensación de que no hay lugar para todos, que “no hay vacantes”,  cartel que real o virtualmente todos hemos encontrado ya a nuestro paso y una restricción a superar,  conforme a razonables expectativas derivadas de diversas competencias, artes, oficios, destrezas, profesiones, maestrías, licenciaturas, doctorados, etc.,  y donde estos carteles nos muestran, precisamente, la distancia, cada día mayor, con las probabilidades verdaderas.

En síntesis un verdadero e injusto desencanto que debemos superar rápidamente con un enfoque nuevo. De eso se trata, y de cómo dijo A. SEN, transformar los derechos en capacidades efectivas..

Es francamente desolador que algunos anhelos de los hombres de mayo-1810 ya logrados, hoy  vuelvan a ser un objetivo -pero ahora más difícil- a conquistar. Me refiero a la igualdad, a la noble igualdad de nuestro Himno Nacional, a la igualdad de oportunidades aspirada por hombres como Mariano Moreno o Bernardo de Monteagudo -integrantes de la Asamblea del año XIII-  que no ignoraban las diferencias estamentales que tenía la sociedad tradicional argentina pero que se fue democratizando en términos sociales y continuó en esa línea aun con la inmigración en el siglo pasado.

Esta decadencia condujo a una inadmisible involución actual, acelerada, dramática, una sociedad polarizada, implosionada, segmentada, sin igualdad jurídica que es la base de la igualdad social, la que solo está presente en algún discurso político o sindical de ocasión frente a una creciente y escandalosa deuda interna, crédito ciudadano que lejos de merecer intereses, hasta ahora solo soportó desagios sociales, v.g.: las reducciones de los haberes jubilatorios, el aumento de los años de aportes, de la edad para jubilarse, la precarización de  prestaciones médicas básicas, la desregulación por decreto de nuestras obras sociales para rematar mas que eventualmente con la privatización de la jubilación pública.

Es increíble advertir, tomar conciencia de cómo, tan pocos en el mundo, pudieron imponer o profundizar las condiciones de una reproducción perversa, de la desigualdad, excluyente  para el resto de la humanidad.

Frente a esto, naturalmente, una sencilla razón de estricta justicia será el dar o restituir a cada uno lo suyo.

Para ello está el Derecho y la Justicia así como la Organización Jurídica y Administrativa del Estado, las Naciones Unidas y los Tratados Internacionales.

No ignoramos por cierto, que el campo económico-financiero tiene preeminencia y espacios cooptados 'urbe et urbi' en los campos sociales, políticos, culturales y tecnológicos.

De ahí debemos partir y en eso estamos.

Parece prioritario y urgente reformular el contrato social, una suerte de New Deal con una limpieza previa de la estructura corrupta al mejor estilo Roosevelt.

Así como un ciudadano tiene el derecho de elegir y ser elegido, él deber de defender la democracia, tiene antes y por su sola condición, derechos y garantías (?) de rango constitucional a un trabajo, a una vivienda, a una salud, a una educación, a una seguridad personal-social y a un ingreso dignos lo que, no solo no sucede, sino que, aun oblando sus impuestos, si quiere servicios básicos deberá asumir gastos de cooperadoras, bonos de contribución, turnos para algún día, o directamente contratarlos privadamente lo que,  deriva en una suerte de doble imposición y, en lo referente a su calidad de usuario y consumidor, la ciudadanía esta cautiva de las privatizaciones  y de las consecuencias que empezamos a padecer.

Estas rémoras del Estado Argentino son 'suplidas' en buena medida por nuestra Sociedad Civil con el voluntariado, ONG's y nuevos asociativismos sociales que con otras similares y complementarias integran lo que se ha dado en llamar: 'el tercer sector', sector que desde una economía solidaria civil ha suplido obligaciones estatales inexcusables.

Igualmente y conscientes de que si enfrentamos el desafío sociocultural sin precedentes de la actualidad, deberemos redefinir y resignificar también,  términos como:  'vago'  'haragán'  o 'inútil', replantear estos conceptos como no menos el de 'fracaso' o el de 'éxito'.

No podemos tampoco,  reducir nuestra capacidad ejecutiva a pensar cómo respondemos a las crisis sino cómo nos anticipamos, con prudente prevención, para no recaer en resignaciones incondicionales o recidivas históricas Vg.: la flexibilidad laboral o la desregulación del mercado de la salud o, más recientemente la problemática planteada por sistemas privados de  jubilación.

Esto nos coloca frente a todo un tema: "La legitimidad".

Estas medidas carecen de legitimidad, no fueron anticipadas al momento de la 'oferta electoral' y no benefician al pueblo en su conjunto.

Esto es grave y por otra parte, la ausencia de legitimidad propicia, favorece y facilita la arbitrariedad, la anarquía, la discrecionalidad, la discriminación, la corrupción pública y la codicia privada.

La legitimidad política debe preocuparnos a todos, más aún cuando en las últimas elecciones presidenciales de la primera potencia democrática mundial, y, mediante un ardid serigráfico, 'le pegaron el tiro de gracia'.

Después de esta breve digresión sobre la legitimidad, volvemos a  Argentina y nos preguntamos entonces cuál es la diferencia de esta legislación especial de la democracia -que nadie votó- con leyes de gobiernos totalitarios como la 22269, ya que en realidad, todas persiguen igualmente atomizar el poder sindical mientras se promueve y asegura el derecho patronal con virtual rango superior y la máxima seguridad jurídica para las decisiones empresarias y las inversiones extranjeras, aunque éstas mismas violen recurrentemente nuestro  propio orden jurídico.

Frente a ello, ciertos hechos aislados de independencia del poder judicial, tratan de cuidar la vigencia de nuestra Carta Magna. Para esto puede ser útil consultar "La declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.754, Carnota, Walter F., 'Los valores constitucionales y la medicina pre-paga' Supl. de Derecho Constitucional, LA LEY, 14/XII/98), como recientes fallos coincidentes que dispusieron la 'no innovación' en materia de obras y seguridad social o de la reforma previsional (decreto 1306/00 PEN) pretendidas  por sendos decretos inaceptables del Poder Ejecutivo Nacional, dispositivos inconstitucionales y serviles que acaban de recibir un serio revés.

Avanzando en la entrega, pensamos que la división del trabajo, la cantidad y regularidad del trabajo y aun la calidad del mismo como las posibilidades reales de ocupaciones diversas,  deben permitir lazos sociales asociativos y libres, la elaboración de sociabilidades alternativas y de alternativas sociales a una sociedad –reitero- dislocada.

Finalmente, IC y su propuesta requiere un análisis profundo, intenso, ya que supuestos conflictos o escenarios antitéticos como los de las políticas de ajuste y las del crecimiento y el desarrollo humano podrían ser mas aparentes que reales.

Financiamiento

La equidad en la captación de recursos y en la asignación de los gastos,  en  el diseño de un derecho positivo no solo para patrones, maridos, Estados, varones y testadores sino para la protección de los más débiles, miembros de cadenas estructurales de pobreza o miseria, exige y merece una reinstitucionalización  legitimada y 'apareada' con las respuestas satisfactorias de las necesidades físicas básicas del ciudadano.

Ahora bien, los programas de mantenimiento del nivel de los ingresos  hacen a la esencia de la  red de seguridad social.

Esto es así en tanto y en cuanto se persiga verdaderamente asegurar el financiamiento del gasto público, que las sumas de los recursos sean adecuadas y arregladas a las finalidades que la ciudadanía decida y queden bajo su gobierno, en un marco de equidad, donde debe primar, como requisito esencial de la potestad tributaria -autoridad y cultura impositiva-, la  correlativa y proporcional responsabilidad -indelegable- respecto del gasto público social.

Países avanzados como los EE.UU. y Canadá establecieron un contrato social claro y posible, dotando a sus ciudadanos de educación, capacitación, salud, vivienda, seguridad social, ciencia y tecnología, a la vez que gradual y progresivamente les imponían cargas tributarias substancialmente superiores a la de países en vía de desarrollo como Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Perú, y Argentina que tampoco podían ofrecer semejante bienestar o lo hicieron solo parcial y periódicamente,  aprovechándose de algunas trágicas 'ventanas de oportunidades' como fueron las dos grandes guerras,  en tiempos de fuerte acumulación, de economías cerradas, de inestabilidad institucional,  o como 'aparato' clientelar populista, que les llevó a la falta de transparencia y a la imposibilidad de comprometer los derechos del ciudadano, suscribiendo irresponsablemente  tantas 'cartas intención' con organismos multilaterales internaciones, que se transformarían después, en la hipoteca del presente, del futuro que grava sobre nosotros, sobre nuestros hijos y que ya involucra a nuestros nietos.

También se puede señalar que en términos generales se observa cierta regresión impositiva para los estratos medios-bajos, debido ello en parte por la propensión a un mayor consumo de los niveles medios-medios y mejor, medios-altos.

En el financiamiento de IC, el principio fundador es la potencialidad y solvencia de cada ciudadano y la reciprocidad serial,  donde cada cual tiene algo que cada otro necesita y así, recíprocamente,  en un tiempo y en un lugar dados y en tanto y en cuanto se lo permitan y faciliten.

Los ciudadanos son sin duda aptos para desarrollar actos y hechos socialmente útiles que merecen ser retribuidos y retroalimentados con parte de la riqueza lograda socialmente, independientemente de la apreciación del mercado laboral.

Pero,  qué alcance tiene la institucionalización dentro del total de acciones sociales en una sociedad dada ? En otras palabras: Cuál es la dimensión del sector de actividad institucionalizada comparado con el que queda sin institucionalizar ?

Las tendencias regresivas de la globalización con sus 'efectos anaconda' dejan fuera a los niños de la calle, a los ancianos, a los desocupados, a los marginados y excluidos de cualquier manera y eso parece ser así porque no se advierte una globalización  desafiliada de exclusiones y marginaciones sociales.

Un efecto anaconda se puede encontrar en la brusca y frenética apertura económica argentina,  apertura que favoreció la hiperconcentración económica, fruto de incontrolables privatizaciones, concesiones y desaforadas fusiones de capitales, y como resultado de procesos de reformas que el Estado no supo, no quiso o no pudo moderar, razón por la cual, actualmente sufrimos tremendas consecuencias, puesto que, de la concentración derivan, entre otras, posiciones dominantes, monopolios, competencias desleales, el desmantelamiento del Estado del bienestar argentino y severos condicionamientos al propio Estado, internos y externos.

Con diagnostico tal, que se corresponde y mucho con las actuales economías abiertas e integradas globalmente, muchas de las premisas que sustentaron el Estado del bienestar de la posguerra en los países industriales avanzados ya no parecen válidas. En efecto, es imposible que haya un crecimiento no inflacionario impulsado por la demanda en un solo país; son ahora los servicios mas que la industria los que principalmente deben asegurar el pleno empleo,  el índice de envejecimiento de la población ha crecido,  la familia convencional basada en los ingresos de un jefe de familia de sexo masculino esta en decadencia y las modalidades de vida en general están cambiando y diversificándose poniendo en tela de juicio las ideas tradicionales de la política social.

Dinamarca, que con Suecia son referentes de los esplendorosos Estados del bienestar, intentó estimular el empleo en servicios personales con un programa de subsidios que cubría del 20 al 30% del salario; Inglaterra aplicó ciertos impuestos a empresas que privatizaron servicios para hacer cosas parecidas, además de subsidiar a todas las familias británicas; asistencias que pueden condicionarse a la disposición del/os beneficiario/s a participar en el mercado del empleo.

Situación actual y escenarios futuros

1)       Con Barbeito hemos de decir que los recursos disponibles para las instituciones de los Estados del bienestar no solo se han estancado sino que se han reducido o recortado (el gasto público) tanto se considere la relación GPS/PBI como respecto del gasto real per capita;

2)       La situación de cada programa difiere según operen factores demográficos, la cobertura, el gasto unitario y el corsé de la Ley de convertibilidad fiscal 25.152;

3)       Como consecuencia directa, el deterioro del costo unitario es un elemento común a los principales programas: previsión social, educación, salud, etc.;

4)       Esto último explica y predice mayor rigidez y un carácter residual del gasto social asistencial frente a la expansión de los niveles de pobreza y la creciente desocupación, ya en términos  estructurales.

Entonces, integrar y sistematizar con espíritu federal y municipal todas las transferencias de ingresos fiscales, hacer otro tanto con los programas sociales, elaborar una base nacional de datos de beneficiarios, ubicación de zonas críticas o más postergadas, recuperar los fondos de reparación histórica y los de los regímenes de promoción industrial que fueron desviados y distorsionados,  lograr racionalización de prioridades, cuentas publicas transparentes, austeridad y sobriedad,de funcionarios públicos estarían a la base de la propuesta IC.

La austeridad y la sobriedad que sin duda asegure el decoro debe alcanzar también a los magistrados, para quiénes la intangibilidad de sus ingresos no es superior a la tangibilidad del ingreso de un ciudadano argentino, jueces que no pagan impuestos y por tanto violan las garantías y los principios de igualdad ante la ley y frente a las cargas publicas. De otro modo están reducidas,  poco menos que, a simples ocurrencias constitucionales, la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley, la inadmisibilidad de prerrogativas de sangre, ni de nacimiento...La igualdad es la base del impuesto y de las cargas publicas (art. 16 C.N.).

En ese orden, todas las jubilaciones de privilegio y los gastos reservados deben eliminarse, tanto como los ingentes fondos que irracionalmente hoy subsidian a quienes privatizaron Ferrocarriles, operadores fluviales, peajes, etc..

Se deben  recuperar los aportes patronales de los que fueran eximidos bancos privados, petroleras, empresas cementeras, hipermercados,  etc., debiendo reducirse -reitero- hasta eliminarse el IVA  que,  en el aumento general  de la recaudación impositiva de enero /2001 sobre enero 2000, es el impuesto que ha disminuido en su recaudación mientras los otros se incrementaron proporcionalmente, lo que demuestra la retracción, la recesión y la caída del consumo explicando y prediciendo el cierre de numerosas industrias, de terminales de automotores, etc.,  escenario que se resume regresivamente en más desempleo, más gasto publico, más violencia familiar y social y menor cohesión vecinal y por tanto ya reclama otra mirada con nuevos objetivos para el sector industrial argentino, el que debe aprovechar sus enormes ventajas comparativas con más espíritu nacionalista que el actual.

Asimismo, sin demora, hay que lograr cuanto menos,  una tregua financiera por la deuda externa, impulsar una decisión más que contundente en términos de recuperos clientelares  o por diversas, múltiples y persistentes manifestaciones de corrupción, recuperos por contrabando, el retiro de subsidios o exenciones a las inversiones extranjeras de las que no gozaron ni gozan los argentinos que se jugaron por su patria con sus empresas, sus ahorros, sus inversiones y sus propias familias revocando con igual decisión política todas 'las inaceptables concesiones absolutorias en materia de peajes, aeropuertos, telecomunicaciones o ferrocarriles privatizadas'.

 Esto entre otras tantas cosas,  hacen a un concierto de medidas idóneas y sinérgicas para la productividad y competitividad del gasto publico social, evitando superposiciones, dispersión de energías y recursos, que incluyen 'poner en la calle 'recicladores' de recursos humanos, naturales,  materiales, tecnológicos, ociosos, pero, fundamentalmente, aumentando substancialmente el  financiamiento de  nuestros establecimientos educativos como los países europeos, el Japón o Canadá que lo hacen en términos de hasta el 100% y no haciendo lo contrario, porque así los desfinanciamos, como consecuencia de nuestra recurrente genuflexión a las pautas del FMI.

Así,  la educación, mejor dicho, su ausencia nos hace presa fácil para la engullida globalizante, particularmente cuando carece de un perfil informal, de psicología aplicada, de programación neurolinguistica, de capacitación para una comunicación integral, de la capacitación para de cálculo, anticipación y sorpresa.

En realidad IC supone que la sociedad produce un excedente económico acumulable (que fue dilapidado) y una moneda social universal equivalente (pero fuertemente devaluada por los recurrentes despilfarros), reglas conocidas, aceptadas y aplicables a todo los nuevos ricos -de la década de los 90` particularmente- y por tanto de un derecho y una justicia, un órgano de coordinación y de reparto equitativo, que abarque a todos, lo que en resumen se llama Estado pero solo en tanto y en cuanto asegura con sus mediaciones y moderaciones, tanto el bien común como la paz social.

Se torna necesario también  un Pacto Federal Social donde la disyuntiva entre federalismo racional o caos institucional, debe resolverse mediante una reasignación constitucional de competencias tributarias que, a la par que asegure a los distintos niveles de gobierno los medios necesarios para llevar a cabo sus fines, afiance la posibilidad de realización del programa constitucional, con sensibilidad, equidad y grandeza.

No hablamos de un federalismo teórico ni de un centralismo práctico, hablamos de los superiores intereses de los ciudadanos de la República Argentina que tampoco pueden supeditarse a rémoras inadmisibles en las recaudaciones nacionales, provinciales ni municipales.

Algo de historia sobre impuestos desde 1853 a 1994 ...

El poder tributario del Estado, implica su competencia o posibilidad jurídica de crear o exigir tributos con relación a personas o bienes que se encuentren en la respectiva jurisdicción, siendo el tributo la detracción que, como derivación de dicho poder, se efectúa respecto de determinada porción de riqueza de los contribuyentes y a favor del Estado.

Los convencionales de 1853, tuvieron que resolver el importante problema concerniente a la formación del Tesoro Nacional atendiendo por una parte, a la urgencia de la necesaria consolidación de la Nación en el marco del sistema ideado, y respetando - a su vez -  la existencia autónoma de provincias que a esa fecha ya se encontraban fuertemente endeudadas y empobrecidas, teniendo en cuenta  que el engranaje esencial  de la estructura (Buenos Aires y su puerto) aún no se incorporaba al concierto de la Nación Federal.

En cambio, nuestros últimos Convencionales Nacionales  dieron 'la nota', esencialmente diferente,  plasmando en la Carta Magna actual un esquema diverso al propuesto por el mismo Alberdi y al norteamericano, fortaleciendo el poder del gobierno central en la misma medida en que debilitaba el federalismo.

Fondos del Tesoro Nacional

El producto de los derechos de exportación e importación; 2) la venta o locación de tierras de propiedad nacional; 3) la renta de correos -art. 75 inc. 14 versión reformada del art. 67 inc. 13 de la C.N. (?)-; 4) las demás contribuciones que impone el Congreso de la Nación -equitativa y proporcionalmente a la población-; y, 5) los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el Congreso -para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional-.

Todo este cúmulo de recursos de que dispone el gobierno nacional, debe ser conglobado con la posterior atribución de competencias que se le asigna luego al Congreso Nacional por el articulo 75  de la C.N. pero con la salvedad expresa en el punto, de la reserva constitucional que las provincias efectuaron por vía del Art. 121 de la misma C.N.

Frente a ello, con la regionalización y un federalismo de concertación, reduciendo asimetrías, compensado,  consensuado y compatibilizando a la integración de la Comunidad Nacional, se podría  alcanzar una resolución satisfactoria de tensiones actuales, con repartos autónomos, conciliados, y no autoritarios, de atribuciones y recursos, lo que,  junto a un franco reconocimiento de los municipios, nos han de asegurar mejores horizontes hasta tanto se sancione y promulgue la nueva ley de coparticipación, aún pendiente, que corrija y adecue la Ley 23548.

Esto deberá considerar fielmente el párrafo tercero del inc. 2 del Art. 75 de  nuestra Carta Magna, en el sentido de que las contribuciones directas e indirectas hacen a una facultad concurrente de la Nación y las provincias por lo que serán fondos y/o recursos de propiedad y disponibilidad compartida y así pues ya no debemos hablar de transferencias en adelante.

Ello supone también, coordinar entre los distintos niveles: Nación, Provincias, Regiones y Municipios, buscar equilibrios parciales, regionales sobre la base de equilibrios locales entre recursos y erogaciones así como la sustentabilidad de estos equilibrios ante la evasión y mejorando también la efectividad recaudatoria y su mejor lectura a través, Vg.,  de entes regionales supramunicipales.

Hay que coordinar la recaudación para que la instancia -Nación, provincia, región, municipio, comuna-  que percibe una tasa, tributo o contribución, los perciba a todos, coordinación que implicaría reducir de tres a uno, todo el ineficiente y hiperburocrático aparato recaudador actual, evitar superposiciones antieconómicas, desgaste de energías y cierre de puertas y ventanas a la evasión y a la elusión. Esto es un embrión de lo que se denomina simplificación e integración, sujeto claro está a sistematización y a reintitucionalización, mediante la reversión del circuito de los recursos, tasas, tributos y coparticipaciones, ahora, desde abajo hacía arriba, evitando  un innecesario ida y vuelta de fondos, conducto remanido y con evidencias, contrastadas empíricamente, de elevados índices de 'mermas' en el trayecto tradicional.

Adicionalmente, se deben abrogar solidaridades 'contra natura' o repartos perversos de esos, que se presupuestaban anticipando el pago regular de algunos por el crónico no pago de los otros.

También implicará equidad y entonces habrá que desactivar gradual y paulatinamente –reitero- impuestos regresivos como el IVA, legislando que todos los iguales paguen lo mismo (por igual patrimonio o por igual manifestación de riqueza) y que los que más tienen paguen más que los que menos tienen, conformando el principio central de la equidad distributiva en la recaudación y también la equidad redistributiva, la redistribución jurisdiccional, que en un sistema federal debe plasmarse mediante acuerdos fiscales federativos, con un límite mínimo para coparticipar a las provincias del total de la masa coparticipable, en donde,  los municipios y los entes intermunicipales respectivos también deben subcoparticipar a través de partidas suficientes y que compensen disparidades y eviten externalidades, con transferencias siempre imputadas condicionalmente,  para evitar la discrecionalidad, la ineficiencia y el clientelismo, verdaderas instituciones informales argentinas y latinoamericanas.

Es que, si alguna forma digna de ética social no humaniza rápidamente la economía y su sistema impositivo, los derechos humanos quedarán atrofiados en sus exigencias primarias.

Para ello no debemos desdeñar la genuina solidaridad revalorizando la influencia personal, redistribuyendo cargas e imposiciones, solidaridades, beneficios y servicios para un mayor y mejor bienestar social, apto para un genuino progreso moral y material general.

Si no optamos por la solidaridad, persistirá y se profundizará este actuar liberal, neoconservador que defiende más o menos, descaradamente, sus propios intereses, sin importarle en absoluto los de los demás, es decir el interés general, cosa que dicen de una forma más que menos parecida los Obispos argentinos, responsabilizando por la mayoría de todos los males actuales,  a este modelo neoliberal y a las nuevos ricos, ( véase el diario La Voz del Interior, 28/V/00), condena que el mismo Juan Paulo II en su visita a Cuba en enero de 1988 había efectuado (véase La Nación, 26/I/98, pág.2).-

Derechos y deberes  de solidaridad social...

Cualquier propuesta, las insinuadas, las pensadas y aquellas aun no pensadas ni teorizadas no podrán prescindir de la solidaridad social.

En esa perspectiva, hablar de solidaridad social es hablar de derechos (y deberes) que participan de una doble naturaleza en el sentido de que son derechos individuales y también deberes sociales ...los sujetos facultado y obligado son, siempre, uno publico y el otro privado.

Los derechos a la educación, al trabajo, al crédito, al descanso, a la salud, a un medioambiente saludable, son entre otros, derechos humanos, o sea los que se atribuyen a toda persona por el solo hecho de nacer y que han sido objeto de diversas declaraciones en el ámbito internacional y en nuestra Carta Magna con sus  Arts.14, 14bis, 41, 42, 43  75  incs. 19 y 22 y cc.,  valoración del más alto rango, si estamos a nuestra pirámide jurídica conforme a los Arts. 31, 28 y cc. de la C.N..

UN informe de la UNESCO no es para nada halagüeño respecto de los menores en el Cono Sud, de sus preocupantes niveles de escolaridad, de su vívida violencia familiar, de sus hogares monoparentales y así entonces, la realidad oficial  es de verdadera burla a las Recomendaciones de las Conferencias sobre Población y Desarrollo como la de El Cairo en 1994 o la Cuarta Conferencia Internacional sobre la mujer en Beijing en 1995.

Lo que aquí tratamos de destacar es su fundamento de validez, en función de lograr la solidaridad social, considerándola como un valor y una necesidad esencial de la humanidad en concretarlos  efectivamente.  En cuanto a la denominación que adoptamos para esa clase especial de derechos es a partir de la idea de que la función social del derecho es la realización de la solidaridad social, como un hecho real y no como un mero postulado.

De igual modo y por estos tiempos, ya nos debe ocupar concretamente la incomunicación humana que se pretende suplir con las nuevas posibilidades de comunicaciones tecnológicas;  es notoria igualmente la atomización social y finalmente lo peor: la inmovilidad social.

Sin duda éstos, objetivos precisos del neoliberalismo y el conservadurismo como la ausencia de solidaridad y solidaridades actual, están a la base misma de dichas sintomatologías sociales como  de todas las patologías más preocupantes: analfabetismo y narcotráfico, inseguridad, especulación y voracidad, contaminación/es y degradacion/es,  toda clase de abusos en compras, ventas y prestación de servicios públicos, inequidad, desigualdad ignominiosa y extravagante, ignorancia, desnutrición, accidentología laboral y de transito,  violencia, violaciones, secuestros, iniquidad, indigencia escandalosa, corrupción, hedonismo, mendacidad, procacidad, perfidia, opresión, aflicción y exclusión, indefensión e impunidad, frutos malos de toda suerte de caprichos del reino del mercado, patologías que si bien muchas de ellas no son nuevas, hoy han desbordado el control social y de todos los poderes (cuando no cuentan con su complicidad !).

Así se explica  la exclusión y marginación de la inmensa mayoría, tanto de la educación, del conocimiento, del trabajo, del crédito, de los servicios de la ciencia y la tecnología, de la recreación y de los beneficios de cualquier eventual crecimiento de la economía.

En el modelo económico actual, los rendimientos económicos-financieros tienen preeminencia clara sobre el bienestar general, el interés de la sociedad está subordinado al interés sectorial y de corporaciones; la educación y aún lo político han quedado fuertemente condicionadas,  poco menos, como rehenes del mercantilismo.

Todo esto contiene por cierto más barbarie que humanismo.

Un golpe de aire fresco para renovar la esperanza de tiempos mejores, podría venir con los avances científicos-tecnológicos, por caso,  la Internet, red que puede contribuir a humanizar el sistema o modelo actual imperante, conectando directamente a usuarios y consumidores  con productores de bienes y servicios en general,  educativos, culturales y tecnológicos en particular, desde el propio hogar, evitando el lucro y la cadena interminable de intermediarios, de burocracias publicas y codicias privadas, siempre y cuando democraticemos, universalicemos y desmercantilicemos su acceso, haciendo efectiva la garantía de la igualdad de oportunidades logrando desde esta mirada verdadera, inclusiva, pacífica y genuinamente revolucionaria, un ultrafinanciamiento e inversión públicos indirectos.

Sin dudas, el ahorro sería inconmensurable y los beneficios increíbles para recuperar el respeto a la dignidad humana, de todos y de cada uno, la justicia y la equidad para un desarrollo humano edificado sobre valores indiscutibles, asegurados y sostenidos.

Esto sería además hacer justicia a todos los hombres que trabajan real, concreta, esforzada y fecundamente, esos hombres que producen nuestro pan, nuestros bienes y servicios, que la insolidaridad ha desfavorecido, postergado y empobrecido a niveles humanamente inaceptables, incorporándolos con esta propuesta a los beneficios de la ciencia y la tecnología para que estas mismas tengan sentido y razón de ser al alcanzar sustentabilidad y legitimidad humana.

Hay que hacer justicia al esfuerzo y al sudor de los que producen nuestro pan de cada día, 'el pan', fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, estos acreedores sociales privilegiados a los que se le está negando hasta las migajas de su propio pan producido, a los que se les niega justicia a sus sacrificios personales y familiares, a sus privaciones y a tantas e injustas limitaciones arbitrarias, discrecionales, y discriminatorias para elegir condiciones dignas de trabajo y ocupación.

Así las cosas, con estos ahorros singulares, se podrían financiar, impulsar y fiscalizar genuinamente, solidarias cooperativas de trabajos, de vivienda, microempresas urbanas y rurales productivas, mutuales de socorros mutuos en franca sinergia con municipios y otras organizaciones intermedias de la comunidad para explotar ricos yacimientos creativos y una lozanía proverbial, reciclando y reanimando inmensas energías argentinas, reactivando la comunicación humana reducida en grado importante –reitero- por las comunicaciones tecnológicas,  movilizando y aglutinando la argentinidad, restaurando nuestra sociedad atomizada, incomunicada e inmovilizada, no casualmente por cierto sino -reitero- por  objetivos logrados, directa o indirectamente,  al menos por ahora, con los modelos neoliberales imperantes.

Esto aliviaría en grados más que significativos el financiamiento publico y el gasto social, liberando fondos y energías importantes para inversión social!!

Es que, sin duda, la solidaridad social es la ligadura que nos mantiene unidos, de una manera racional, canalizando  talentos, atendiendo deficiencias personales de cada cual. Juntos valemos más y podemos realizar todas las tareas si nos complementamos en reciprocidad y fraternidad,  aprovechando lo mejor de cada uno, de cada cual, ya que el hombre es un ser social por naturaleza pero que se sabe incompleto para realizar, aislado, todas las tareas que implican la vida en sociedad y que demandan sus necesidades físicas, culturales y espirituales.

Sólo a partir del ser humano se pudo, se puede y se podrá concretar las más grandes posibilidades y perspectivas para transformar el mundo, garantizando un sostenido desarrollo humano general y su  evolución natural.

De ahí que nadie esta autorizado a prescindir, ni siquiera de una sola persona humana. Nadie, sin excepción debiera quedar afuera.

Si esto acontece, todo progreso, todo avance científico-tecnológico, del conocimiento o cualquier otro, en la tierra o en el espacio,  serán vanos, no servirán, quedarán cuestionados e invalidados para siempre.

Es que el hombre lo puede casi todo, pero no-solo, sino en unión con los demás.  Tenemos una evolución personal pero también evolucionamos juntos con nuestros congéneres y esto es clave.

Si se me permite una disgresión, cuando observamos alguno de los documentales de Discovery Channel sobre animales silvestres, veremos que si alguno de los miembros de la manada se aparta de ella, resulta presa fácil para las fieras acechantes de la selva, el desierto o la llanura.

Esta interdependencia que existe entre los hombres en sociedad; la interrelación cotidiana en la que nos necesitamos unos a otros no puede mantenerse y justificarse si no es a base de obligarnos los unos a los otros, en beneficio reciproco y también  en cumplimiento de la propia Carta de las Naciones Unidas  que nos dimos en San Francisco –EE.UU.- en 1945.

La solidaridad  es un hecho permanente, elemento esencial en la composición o descomposición -por ausencia- de todo grupo social. Impone a gobernantes, gobernados, empresarios, sindicatos, corporaciones y a todos los actores sociales por igual,  el deber de abstenerse de todo acto que esté determinado por una finalidad incompatible con la realización de la solidaridad social y el sostenimiento del Estado de Derecho.

Y aquí, la regla jurídica debe constituir una limitación definida al poder de las autoridades, de las empresas, a los grupos de presión y por supuesto a la injerencia internacional. Ninguna ley es válida si no es conforme a los principios de solidaridad social y de interdependencia social y debe impedirse y condenarse todo absolutismo u monopolio, todo abuso de poder, de derecho, de posición  o de autoridad.

La solidaridad es el anverso de la anomia. La solidaridad tiene que 'trocarse' en el equilibrio del desarrollo, preferentemente, para  que sociedades  vegetantes en situaciones infrahumanas, puedan emerger autónomamente de su postración y alcanzar el desarrollo humano de avanzada,  que se merecen por derecho propio y comunitario.

Nadie puede ignorar que, en virtud del ejercicio -abusivo- del derecho a  la libertad, que es condición y acompaña el ejercicio legitimo pero regular  de otros derechos, como el de propiedad, refracta impactos que obligan a tomar muy en consideración los derechos ajenos, la solidaridad, la función social de los derechos y especialmente, la igualdad real de oportunidades y de trato.

No aceptamos como constitucional derechos egoístas, esto es de que su ejercicio ha de ser funcional y que ha de reprobarse su opuesto que es el ejercicio abusivo o antifuncional del derecho, de la función o autoridad que esta a la base del neoliberalismo rechazado por Juan Paulo II: "Así en ocasiones, se imponen a las naciones condiciones para recibir nuevas ayudas, programas económicos insostenibles. De este modo se asiste en el concierto de las naciones al enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa del empobrecimiento creciente de muchos, de forma que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Por otro lado, resurge en varios lugares una forma de neoliberalismo capitalista que subordina a la persona humana y condiciona el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del mercado, gravando desde sus centros de poder a los países menos favorecidos con cargas insoportables"(Cuba, enero de 1988).

Así pues, jamás se podrá admitir que el hombre, mujer o varón,  que fue necesario y protagonista al comienzo de la historia y durante toda trayectoria humana, quede reducido a la perspectiva y a la suerte de la descartabilidad o de la desinsaculación darwinista.

Conclusión y Propuestas

Hablar seriamente de financiamiento social y gasto publico, cualesquiera sean el diagnóstico, los pronósticos y la elección estratégica, si de verdad y sinceramente es para todos y en paz, implica necesaria y condicionalmente, un denominador común: 'la solidaridad social', desde lo intermunicipal a lo internacional.

 Asimismo, el financiamiento público y el gasto social requieren cierta grafología social, más humana,  del presupuesto, de las políticas, de los planes, y los programas sociales respectivos, (cuando los hay...).

Desde el chasqui al fax  o 'e-mail', desde la carreta al jet, desde la plaza de mayo a la TV o las encuestas, como mutación escénica relevante, increíble y paradojalmente involucionamos, retrocedimos y esto, junto a otros factores y manifestaciones (corrupción, violencia, inequidad, desocupación, marginación, exclusión, analfabetismo, contaminación, ...) demuestra que la sociedad está en franco retroceso y,  lo que es sumamente grave, que no todos los ciudadanos son conscientes de su importancia y valía, para apelar a los mismos en la construcción del mejor país posible, frente a lo cual, no se advierten decisiones políticas ni asignaciones presupuestarias suficientes para concretizar la educación del soberano ni  hay deseos manifiestos en el mediano y en el largo plazo para mejorar su participación cualitativa, tampoco para desactivar nepotismos sino, por el contrario, denodados e 'ingeniosos' esfuerzos para disimularlos mientras las dinastías, los feudos "político-democráticas tradicionales', como las nuevas, gozan de creciente impunidad.

 La ciencia social no ha podido dar respuestas y mucho menos anticiparse a la situación actual. Las ciencias sociales, esgrimiendo razones ecológicas, demográficas, ideológicas, geográficas,  han resignado y dejado atrás el universalismo, el pleno empleo, la desmercantilización, admitiendo o pretendiendo explicar, con diferentes e imperfectas metodologías, la focalización o la discriminación o la mercantilización,  según situación de nacimiento, sexo, capacidad o incapacidad, edad, color, pobreza, composición familiar, domicilio,  etc.,

Kuhn seguramente si viviera nos hablaría de crisis y de la necesidad de una revolución científica para una ciencia normal, lo que, de hecho, aquí dejamos mínimamente insinuada, con propuestas, precisamente no conservadoras.

Antes funcionaba la seguridad y/o la solidaridad y/o la equidad publicas; los aportes más altos y los aportes en general en sus sistemas de reparto, contribuían en el financiamiento de las obligaciones del Estado para con quienes tenían contribuciones mas bajas, en franca solidaridad, fraternidad y reciprocidad generacional.

Con la retirada del Estado, con sus defecciones, claudicaciones y con las reiteradas desaprensiones privadas nos fuimos alejando de la solidaridad y del principio de prestación básica universal.

Con este panorama,  cuál será el espacio para la equidad y la justicia distributiva con un Estado flaco y condicionado, que deberá asumir crecientemente demandas en los sistemas públicos de salud, de educación, de justicia, de seguridad, de jubilaciones y pensiones...

Esto sí que reclama respuestas satisfactorias tanto como  el sector Vg.: agrícola, automotriz, textil, forestal, pymes, etc.,   para salir de la recesión, pero, para ello no se firma ni un solo decreto con la correspondiente asignación presupuestaria operativa,  lo que releva de pruebas o análisis y facilita el pronóstico.

Este cuadro de situación, debe admitirse de una buena vez y así entonces,   sólo se podrá revertir con una fuerte y decidida voluntad política, distribución y solidaridad, interna e internacional.

En esa perspectiva, sólo una muy fuerte reactivación, un alto valor agregado a nuestros productos y subproductos primarios tradicionales: sustitución de importaciones, (la agroindustria) y no tradicionales ( Vg.: turismo, apicultura, cunicultura,  la tuna, el tango, etc.), el ingenioso y creativo aprovechamiento de nuestras notables ventajas comparativas junto a una novedosa 'inteligencia de mercados',  podrán lograr, finalmente, ingresos de divisas genuinas, creación de riqueza, la mejora en nuestra balanza de pagos, el aumento del consumo interno, todo lo que ha de confluir para ir mejorando la calidad de vida de los argentinos, con una economía mas solidaria, concebida como una herramienta social para plasmar entonces, un verdadero, profundo y perdurable desarrollo humano, contando para ello, con un financiamiento publico y un gasto social duraderos.

Hablar de  esto es hablar de coherentes políticas activas, nacionales e internacionales, de agentes racionales e iterativos de cambio, de gestiones y gestores idóneos, sin bruscas y contradictorias mutaciones político-partidarias o corporativas.

 Hablar de esto es hablar también de una nueva situación socioeconómica, fuerte, vigorosa que puede conservar al país en una situación 'térmica' ideal, sin necesidad de 'sobretodos' o blindajes, los que habrá que pagar y con intereses, por lo cuál ya no hay posibilidad para lo vano, lo ineficiente, lo improductivo, salvo que, en la hipótesis de estos últimos casos, nos vayamos haciendo a la idea de que, nos costarán crecientemente más caro, tanto  en términos financieros como de desencanto y malhumor social.

Junto a ello y sosteniendo que no es una cuestión ideológica sino axiológica, sin equidad ni redistribución presupuestaria, sin reasignación de recursos,  se polariza cada día más la sociedad y el Estado se vuelve lejano, casi invisible.

La democracia, la política, poco menos que mendigas,  están extraviadas y sin novedad, cada día más virtual y en soledad, desconectadas de la sociedad que, casi autista, elegía o reelegía a los victimarios de diversos colores pero del mismo catálogo, responsables últimos de la desocupación, de la recesión de la exclusión, de la pobreza y la desigualdad.

Es notorio y flagrante el divorcio del poder económico con el poder político y con la Sociedad Civil. Precisamente, la organización de esta última, sus movilizaciones y reclamos lo han puesto sobre el tapete y será ineludible establecer nuevas acciones comunicativas, sin condicionamientos inadmisibles, entre unos y otros, en tanto y en cuanto afecten el diálogo imprescindible de todos los sectores y actores sociales,  para la construcción de un genuino desarrollo humano, sin perdedores.

Así pues, las modificaciones estructurales en la nueva organización social nos lleva a dejar atrás recetas tradicionales acerca de la política social, insuficientes y superadas definitivamente.

La seriedad macro debe suponer la micro y esto implica combinar eficiencia económica con políticas sociales públicas activas,  que lleven a una mayor equidad en nuestras sociedades, y ello está sujeto tanto a la voluntad política, a una mayor atención de los encargados de la cuestión social,  cuanto a la sensibilidad y solidaridad internacional imprescindibles.

De allí y a modo conclusivo, no sabemos si podemos hablar de aporte cuando hablamos de propuestas pero si sabemos que ha menester nuevas estrategias para el financiamiento público del gasto social con mayor equidad, mayor igualdad de oportunidades que es decir mas inclusión, más justicia y más desarrollo humano, al fin y al cabo, de esto se trata, de restaurar a cada ciudadano, de devolverle la ilusión, la fe y la esperanza, ni más ni menos.

Finalmente merece reiterarse y repetirse que  será imprescindible lograr financiamiento publico sostenido y mejorar la gestión publica para atender satisfactoria y equitativamente el gasto publico y la inversión social, cerrando así, metodológicamente el marco teórico propuesto.

Asimismo, trabajar en áreas estratégicas como el fortalecimiento del voluntariado, la extensión de la responsabilidad social de la empresa privada y la adopción de códigos éticos, por parte de actores sociales claves, para el desarrollo de caracteres del capital social. latente en la región.

Impulsar la inclusión de metas y criterios que impliquen dimensiones éticas y movilización e incremento de capital social en la preparación e implementación de proyectos de desarrollo por parte de organismos internacionales y agencias gubernamentales, todo esto, como igualmente estimular el conocimiento y tratamiento de las temáticas de ética, desarrollo y capital social por parte de los medios masivos de comunicación, deberán  ser objetivos prioritarios en cualquier agenda Argentina y latinoamericana.

Recién entonces, esta entrega habrá logrado su cometido,  que supera la mera descripción, explicación o predicción del comportamiento socioeconómico y político argentino,  al brindar líneas o directrices posibles para sujetar variables internas y externas al servicio del bien común y la paz social, para nosotros y para toda nuestra posteridad.

Iniciamos y concluimos este trabajo, motivados, admirados y perplejos por tanta dignidad de nuestra Sociedad Civil para tanta adversidad, por tanto heroísmo y resistencia pacifica; valores y esfuerzos que nutren nuestra esperanza de que no habremos de malograr la suerte y el 'garbo' de los argentinos en particular  y de los latinoamericanos en general.-

Derecho Cooperativo

El hombre en sus gestos y expresiones gregarias produce hechos y genera actos que el derecho cuida de regular actualizando sus cuerpos normativos.

Hablar del cooperativismo es hablar de una actividad humana solidaria de fecundo desarrollo secular en nuestro país.

La cooperativa es una empresa ética y eficaz, jurídica y económica, gestionada democráticamente por sus asociados e integrada por personas que inspiradas en la solidaridad, persiguen la satisfacción de aspiraciones, necesidades e intereses comunes, sin intermediarios ni fines de lucro.

La eficacia de esta formula jurídica socioeconómica quedó sobradamente acreditada mediante la satisfacción de diversas necesidades, aspiraciones e intereses en distintos sectores de la Comunidad Nacional y Latinoamericana.

El cooperativismo no es una ideología sino un sistema correctivo de eventuales distorsiones del mercado o del Estado.

Antecedentes del cooperativismo.-

Mucho antes que la cooperación fuese planteada técnicamente como una fórmula económica-social de actividad regida por principios peculiares y propios y como empresas de características nuevas y diferentes, existían ya “realidades cooperativas”, en el sentido de grupos humanos elementales que ejercían alguna o varias y conexas actividades económicas, en asociación, en participación y cooperación.

En conexión con este supuesto pueden citarse otros posteriores pero muy semejantes a él: las explotaciones mancomunadas de los Bacheos en España, la trilla en común –bel fd- del Marruecos primitivo, las asociaciones de trabajo  -artel- en Rusia, etc.

En la Republica Argentina,  las cooperativas, se encuentran organizadas, generalmente, en comunidades pequeñas para cumplir una función sustitutiva del Estado o de las grandes empresas comerciales.

Por ejemplo, las cooperativas eléctricas se fueron constituyendo, ya a partir del año 1926 en la localidad de Punta Alta, Provincia de Buenos Aires, para competir con otras empresas privadas -en su mayoría de capital extranjero- que actuaban "cartelizadas" e imponiendo condiciones de prestaciones lesivas al interés del usuario pero al amparo de la prácticamente nula existencia de regulaciones y controles.

Las cooperativa