Droga y Sociedad
• por Aldo Neri* La drogadicción constituye el ejemplo más
cabal de la enfermedad como hecho cultural. Resulta, claramente, una consecuencia de la
frustración, surgida tanto en las honduras de la pobreza, cuanto en las vacuidades del
hartazgo, o por las sobreexigencias de un medio deshumanizado actuando sobre
personalidades y grupos receptivos. La constante es la falta o insuficiencia de un
proyecto de vida, su escasa o nula capacidad gratificante, así como la acumulación de
experiencias familiares y sociales penosas. Por algo son los jóvenes sus principales
protagonistas, dado que atraviesan un período vital en el que las naturales precariedades
de su proyecto de desarrollo son fácilmente vulnerables a la hostilidad del medio. Y hay
que saber entender que la conducta adictiva juvenil es el espejo que refleja la patología
del entorno, que a su vez incorpora así al nuevo protagonista. Desde los vericuetos psicológicos de la
casuística individual hasta las relaciones conflictivas entre los países de mayor
consumo del Norte y los predominantemente productores y vehiculizadores del Sur se ofrece
una riquísima veta de interpretaciones, ideologizaciones, asignaciones de culpas y
responsabilidades, delicatessen estadísticas para cientistas sociales y perplejidades
para financistas; casi tan rica como es pobre el repertorio de soluciones ofrecidas. Pero
el hecho es que la droga, en toda su gama, está hoy instalada en América latina en el
polo de la producción y también en el del consumo. Y su mayor popularidad se ha visto
favorecida por el precio ahora más accesible de algunas variedades. Encuestas realizadas entre 1986 y 1992 en
algunos países de América nos muestran, en población mayor de 12 años de edad, niveles
de consumo -personas que lo habían hecho en el año anterior a ser interrogadas- de un
10% para marihuana y un 3% para cocaína en Estados Unidos, 1,2 y 0,3 en Ecuador,
respectivamente 1,9 y 1,9 en Panamá, y 0,6 y 0,3 en Colombia. Estos porcentajes aumentan
espectacularmente cuando se refieren a población de grandes centros urbanos, y todavía
más si se limita el análisis al grupo de adolescentes y jóvenes. Y se destaca el hecho
creciente de que este hábito ha dejado de ser patrimonio de las sociedades afluentes y se
expande en el mundo de la pobreza. Poca duda cabe de que la gran preocupación
respecto a la droga, en los centros de mayor consumo, principalmente surge -como dirían
los economistas- de las sombrías externalidades que aparecen por la vinculación entre
drogadicción e incremento de la frecuencia de delitos. El F.B.I. estima que uno de cada
tres robos y el 40 % de los homicidios en las grandes ciudades norteamericanas están
vinculados a la droga (su tráfico o necesidad de dinero para obtenerla); igualmente, uno
de cada tres casos de SIDA se relaciona con las modalidades inyectables. Y los mayores
riesgos urbanos y periurbanos son muy democráticos en su distribución, amenazando
desprejuiciadamente también a las clases
acomodadas. En tanto parecía sólo un problema individual de la familia vecina, era poca
la reacción de la opinión social que cuenta en cada país. Pero cuando se empezaron a
temer las consecuencias indirectas del problema, creció la exigencia de que se haga algo
contundente al respecto. Cosa parecida a lo acontecido en el siglo pasado con la difusión
catastrófica de ciertas enfermedades infecciosas, que ya no diezmaban sólo a la plebe en
los centros urbanos europeos de la avanzada Revolución Industrial, e indujeron la
reacción de los grupos de poder que gobernaban al Estado, promoviendo medidas que
controlaran algunas de las graves condiciones ambientales que favorecían las epidemias. Pero el campo de esta epidemia moderna
requiere respuestas más complejas que sanear pantanos o proveer agua potable. El grueso
del esfuerzo y del gasto se lo llevan, en los países, la represión del tráfico y la
asistencia a los adictos. En prevención se trabaja menos, y sus resultados suelen ser muy
inasibles. En realidad, todo el esfuerzo suele dar la impresión de estar intentando secar
un lago con una cuchara. Y probablemente sea así, pero hay que continuar haciéndolo,
agrandando al mismo tiempo la cuchara todo lo posible. El lago contiene un negocio mundial
que los organismos especializados estiman entre trescientos y quinientos mil millones de
dólares. Se desarrolla en el mundo una fuerte
discusión sobre los aspectos legales del problema. Ella involucra tanto criterios sobre
la eficacia de las estrategias elegidas, cuanto delicadas cuestiones de ética social. Un
dilema es: ¿la prohibición absoluta, que estimula el tráfico delictivo, restringe
realmente el consumo? Y el otro: ¿hasta dónde es legítimo penalizar las decisiones
individuales de consumo? Nadie puede contestar fundadamente la primera
pregunta sustentándose en evidencia empírica, ni tampoco tiene respuesta cierta su
contracara especular: ¿la legalización disminuirá el consumo, o aumentará aún más la
frecuencia de adicciones? La cuestión está abierta a una compleja e
incierta discusión, aun sin incluir los variados prejuicios que la distorsionan todavía
más. El mayor mercado consumidor del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, la
mismísima Joycelyn Elders, Surgeon General (algo así como Secretaría de Salud),
señalaba en 1993 la necesidad de estudiar posibilidades de legalización regulada de
ciertas drogas, y la Drug Policy Foundation, del campo privado, planteaba similar
inquietud, fundada en el fracaso de la estrategia reaganiana de mano dura para acabar con
el flagelo; y lo hacían con la firma de personalidades como Carl Sagan, Milton Friedman,
profesores universitarios de leyes, medicina social, jefes de policía y muchos otros
notables. Seguramente algunos recordaban que Gran Bretaña consiguió mejor control del
consumo de alcohol con el impuesto y otras medidas regulatorias que el que lograron los
Estados Unidos con su famosa ley seca, que por cierto sí enriqueció a innumerables
delincuentes. Respondiendo al segundo dilema, la Corte
Suprema de Justicia de Colombia, en 1994, despenalizó el consumo y desencadenó una
ruidosa tormenta política, dado que su decisión aparentemente confrontaba con la
opinión mayoritaria de esa sociedad. Poca duda cabe de que si castigamos al simple
consumidor de drogas prohibidas -el tabaco y el alcohol son drogas permitidas que también
hacen daño- tendríamos que fallar cadena perpetua para los que intentan suicidarse; y es
cierto, además, que difícilmente alguien se priva de la droga por temor a la pena. Pero también poca duda cabe de que la dificultad
mayor del punto es la gama de grises en que muchos usuarios se insertan, al constituirse
en eslabones de la cadena del tráfico, como arbitrio para asegurar su propio suministro.
Al transformarse en promotores de una adicción que perjudica a otros, exceden el ámbito
más protegido del derecho difícilmente discutible de hacernos daño que todos tenemos. En todo caso, estoy convencido de que la
penalización al simple consumidor ensombrece su futuro, alimenta la discriminación y no
sirve absolutamente para nada en el combate contra la narcomafia. Aunque se planteen -como
hiciera en años recientes una reforma legislativa en Argentina- recaudos para la
suspensión de pena en caso de aceptar el inculpado ser sometido a tratamiento. Más allá
de presupuestos discutibles que el arbitrio refleja, choca con la inviabilidad de una
organización asistencial que lo sustente. No hay fórmulas jurídicas salvadoras del
problema. Creo, sí, que en la medida en que una sociedad madura, el camino hacia la
legalización regulada de ciertas drogas es previsible y además conveniente. No encuentro
razones convincentes para que ello genere un aumento significativo de los niveles de
consumo. Sí, pienso, que se minimizarían los componentes delictivos que hoy abruman.
Pero también es evidente que esa maduración no es el contexto que hoy ofrecen las
sociedades latinoamericanas, en general. Y, por sobre toda otra consideración,
propongo tener en claro que la prohibición o permisividad frente a la droga no autoriza a
soslayar el hecho cultural subyacente, que compromete a una acuciante discusión social
sobre valores, preferencias y modos de convivencia, que modelan y frecuentemente alienan a
cada nueva generación, ya sea por excesiva aceptación o por rechazo del modelo de vida
que se propone. * Este artículo ya ha sido debatido con anterioridad a su publicación digital.
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Última modificación: Miércoles, 31 de Diciembre de 2003 |
